Para fortalecer la protección del patrimonio familiar, el diputado local del PRI, Javier Caballero Gaona, presentó una iniciativa de reforma al Código Penal de Nuevo León para endurecer las sanciones por los delitos de fraude y despojo de inmuebles.

El legislador, quien preside la Comisión de Justicia y Seguridad Pública del Congreso local, explicó que la propuesta busca evitar que las personas responsables de fraude puedan elegir entre pagar una multa o enfrentar una pena de prisión.

En el caso del fraude, planteó modificar la fracción II del artículo 385 del Código Penal para establecer una sanción de tres a ocho años de prisión, además de una multa de 20 a 100 cuotas, equivalente actualmente a entre 2 mil 346 y 11 mil 731 pesos.

Caballero Gaona señaló que la iniciativa surgió de mesas de trabajo y coordinación con el Poder Judicial y la Fiscalía, debido al número de casos de fraude y despojo que se registran en Nuevo León.

Respecto al despojo de inmuebles, la propuesta contempla aumentar las sanciones cuando participen personas servidoras públicas o titulares de notarías, o cuando se utilicen documentos, sellos, bases de datos o sistemas de información para cometer el delito.

También plantea incrementar las penas en una mitad cuando existan agravantes, como la participación de una notaría, la intervención de agrupaciones sindicales o sociales, la simulación de actos de autoridad o el uso de información del padrón de inmuebles abandonados.

La reforma busca además considerar como despojo la permanencia en un inmueble ajeno cuando una persona haya sido requerida por una autoridad competente para abandonarlo y continúe ocupándolo o impidiendo que el propietario ejerza sus derechos, hasta que la víctima sea restituida.

El diputado advirtió sobre la operación de grupos dedicados al despojo de terrenos y propiedades en Nuevo León y afirmó que las reformas buscan cerrar espacios legales que permitan este tipo de prácticas.

Finalmente, anunció que propondrá mesas de trabajo para analizar las modificaciones y vincularlas con las acciones legislativas relacionadas con el problema de las viviendas abandonadas en el estado.